Córdoba entrará en la fase de distanciamiento de la cuarentena y con ello se dará inicio a la doctrina conductista de "La Nueva Normalidad"

LA POSTAL 29 de junio de 2020 Por Germán Lev
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Decodificación Schiaretti, logo de Hacemos por Córdoba: Color azul, principio magnético femenino (lunar); color rojo, principio eléctrico masculino (solar); En conjunto, ambos representan la dualidad, el principio de polaridad. Color celeste, representa el color de la masonería judía (sionista) que controla el poder en Argentina. El sol representa a Rá. Y su manifestación esconde el culto saturnino al Sol Negro.

La Ciudad de Córdoba se dispone a salir de la fase de “aislamiento” por la pandemia de coronavirus para iniciar la etapa de “distanciamiento”. Esta fase comenzará a regir a partir del primero de julio y se caracterizará por flexibilizaciones que beneficiarán a más sectores, tanto privados como sociales. Sin embargo, los controles se acentuarán y se insistirá con la prohibición de actividades que involucren el aglomeramiento. Incluso se podría penalizar con multas de hasta quinientos mil pesos a aquellos individuos que no cumplan con los resguardos de “distanciamiento social” en caso de aprobarse un proyecto de Ley que lleva adelante el gobernador de la provincia Juan Schiaretti.

Después de más de cien días en aislamiento obligatorio, algunas provincias de Argentina inician a partir del miércoles una nueva etapa de la cuarentena denominada “la nueva normalidad”. Córdoba es uno de los estados “beneficiados” por el decreto presidencial 576/2020, puesto que ha podido mantener en márgenes seguros la propagación de la pandemia por coronavirus. El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) anunció que en La Provincia de Córdoba la cuarentena se extenderá, de forma preventiva, hasta el 17 de julio. Mientras tanto, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) habrá una regresión a la fase uno debido al aumento acelerado de infectados (136,4%); esta medida también afecta a la provincia del Chaco, a la ciudad de General Roca en Río Negro y al conglomerado urbano de Neuquén.

Por otro lado, debido al aumento de focos infecciosos en algunos barrios específicos de la capital cordobesa –como, lógicamente, cabría esperarse en una región con más de un millón y medio de habitantes que está atravesando una etapa invernal que acrecienta las afecciones gripales-, el gobernador de la provincia, Juan Schiaretti, anunció que se implementarán medidas para endurecer los controles” y “castigar” a los ciudadanos cuyos patrones de comportamientos no se ajusten a las conductas deseables por la doctrina conductual llamada nueva normalidad.

A través de un proyecto de Ley que se enviará a la Legislatura unicameral, se penará con multas y sanciones penales a los ciudadanos que atenten contra el aislamiento social, preventivo y obligatorio en territorio cordobés durante el tiempo que persista el terrorismo pandémico -multas que irían de los cincuenta mil a quinientos mil pesos-. Los individuos que serán foco de los correctivos por parte del gobierno de Schiaretti, serán: quienes no utilicen el barbijo en ámbitos públicos; quienes hagan caso omiso al “distanciamiento social”, quienes tengan la osadía de concertar reuniones donde participen más de diez personas, y otros métodos de controles blandos que buscan restringir las libertades individuales de los ciudadanos en pos de un "presunto" beneficio colectivo. 

Córdoba ha logrado disminuir la transmisión comunitaria del virus COVID-19, en parte, debido a los implacables controles que se implementaron en las fronteras de la provincia; donde cualquier persona que quisiera ingresar debía ser sometido a un hisopado para determinar la existencia del patógeno SARS-COV 2, para luego, de forma prevencional, culminar con un encierro obligatorio de catorce días antes de ser dado de alta.

En la conferencia de prensa que se dio el último sábado del mes de Junio, el gobernador Juan Schiaretti, anunció las nuevas medidas de persecución que comenzarán a regir en la provincia una vez que se apruebe el proyecto de Ley que busca asentar "la nueva normalidad”:

“La Provincia manda en estos días un proyecto de ley por el que les vamos a poner multa al que ande sin barbijo y al que haga reuniones de más de diez personas. No es lo mismo el que cumple con las normas que el que no las cumple. Vamos a reconocer el esfuerzo y vamos a penar la irresponsabilidad. La irresponsabilidad no puede ser gratis”. 

Bastaría con visitar la sala de urgencias del Hospital Córdoba o el Sanatorio Allende para apreciar en toda su plétora acepción al verbo “irresponsabilidad”. Estos nosocomios están sufriendo la falta de atención por parte de las autoridades del gobierno de Córdoba.

He de manifestar, que en las incursiones nocturnas que hice por estos dos hospitales, a lo largo de una semana, el panorama no podría ser más desalentador. Los pacientes son reducidos a números, tratados con frialdad y relegados a largos periodos de espera, que en ocasiones podían alcanzar las dos horas. Las causas de este deterioro se debe, sobre todo, a la escasez de recursos y a la ausencia de personal experimentado; dentro de las guardias quienes se hacían cargo de la mayor parte del trabajo eran pequeños grupos –de no más de 4 ó 5- compuestos de estudiantes avanzados que oficiaban como practicantes. Los jóvenes practicantes se encontraban bajo la tutela, como mucho, de dos médicos profesionales, aunque lo común era toparse con uno dentro de la guardia y con otro en el laboratorio. Las consecuencias de esta pésima ingeniería sanitaria, culminaba con diagnósticos a pacientes muy acelerados -implementados a través de un breve diálogo- y terriblemente pronosticados; la mayoría de las veces sin ningún tipo de estudio previo más que el de la percepción inexperta del medicucho de turno. En el Hospital Córdoba, incluso, se les negó a algunos convalecientes una estabilización mediante suero porque se consideró que éste era un recurso muy costoso -y lento- para un tratamiento. Por lo tanto, la píldora analgésica o el pichicanazo de turno eran la norma. Cabría preguntarse si el grueso de los profesionales sanitarios que componen los nosocomios públicos se encuentran tratando las afecciones respiratorias producidas por el COVID-19 mientras que se cede a los practicantes de medicina tamaña responsabilidad. También, si todo el protocolo sanitario que se está implementando a nivel nacional, bajo esta óptica, no terminará acabando con la vida de miles de ciudadanos argentinos –con otros tipos de afecciones ajenas al coronavirus- producto del abono de seres humanos que algunos hospitales públicos parecen estar implementando “involuntariamente” por falta de personal capacitado.

La nueva normalidad  traerá consigo una serie de leyes que intentarán amedrentar, multar y penalizar a los ciudadanos que se resistan a las doctrinas de shock implementadas por los gobiernos de turno diligentes al Estado Profundo, que afectarán, especialmente, a los grandes conglomerados urbanos. Esta serie de medidas –de aprobarse- además de ser anticonstitucionales, atentan contra el principio primordial de la Ley de la Tierra que rige por derecho de nacimiento, inalienable, a todos los seres humanos que habitan a lo largo y ancho del plano; el derecho al libre albedrío, a la libre circulación.

Mientras en la alta política se cobran sueldos siderales, como en el caso del presidente de la nación, Alberto Fernández; que cobra $350 mil por mes o el de la vicepredenta, Cristina Kirchner; que embolsa $480 mil, más del 55% de las Pymes alrededor del país se encuentran detenidas, sin poder producir. De las decenas de pequeñas y medianas empresas que cierran por día, al menos el 11,5 % no volverán a abrir sus puertas, según el secretario de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman. Lo que deja un saldo de más de cuarenta mil Pymes absolutamente quebradas en el país y que, al finalizar el año, podría terminar afectando a alrededor de 860 mil trabajadores, según La Organización Internacional del Trabajo (OIT). Mientras que en la Ciudad de Córdoba ya se cerraron más de 400 locales comerciales y se perdieron más de mil puestos laborales -según los datos aportados por el Centro de Almaceneros-; todo esto producto de la dictadura sanitaria del miedo orquestada por la ONU, a través de uno de sus tentáculos, la OMS. 

No hay que dejar de resaltar que en octubre de 2019, El Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud, en conjunto con el Foro Económico Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates, llevaron adelante en Nueva York el “Evento 201”, donde se simuló un brote de un nuevo tipo de coronavirus transmitido de murciélagos a cerdos, y de éstos a seres humanos. La conclusión de la simulación fue que era cuestión tiempo hasta que una pandemia azotara a la humanidad con consecuencias potencialmente catastróficas. Tampoco hay que olvidar lo que dijeron autoridades mundialmente reconocidas en el ámbito de la salud, como el virólogo francés, Luc Montagier, ganador del Premio Nobel de Medicina por descubrir el VIH, quien aseguró que el virus SARS-COV 2, que causa el COVID-19, fue creado en laboratorios insertando en un coronavirus cepas del VIH-1, el virus del sida. Al respecto, mencionó: "No es natural. Es el trabajo de profesionales, de biólogos moleculares. Un trabajo muy meticuloso". En el presente, Luc Montagier es una voz disidente que tiende a ser ridiculizada o directamente omitida por los medios masivos de desinformación. Y mientras el mundo se prepara para la incursión del infrahumanismo subrepticio a través de la doctrina panóptica de la nueva normalidad, La República Argentina tiene el desafortunado récord de ser el país que más tiempo lleva sometiendo a sus habitantes a la dictadora sanitaria que colapsa de manera súbita la economía nacional y del bolsillo de la enorme mayoría de sus rehenes en pos del beneficio de unos pocos.

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Germán Lev

Editor, redactor y narrador. Más en www.germanlev.net

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